Hace poco más de un año informamos en esta misma sección de noticias sobre la posibilidad de que las empresas con baja siniestralidad y con un correcto sistema de prevención de riesgos, ya podían solicitar el descuento previsto en la normativa sobre las cotizaciones a la mutua de accidentes. Se llamó bonus por baja siniestralidad. La normativa preveía desde el año 2012, pero las trabas para solicitarlo eran tales que realmente hasta el año 2018 no fue factible solicitarlo para todas las empresas (en especial para las pyme). Nos felicitamos entonces de que, por fin, se incentivase a las empresas que sí estaban realizando prevención, y obtenían resultados prácticos, con la eliminación de accidentes.

Ha durado poco la alegría. El pasado 29 de diciembre del 2018 se publicó en el BOE el texto que supone, en la práctica, la supresión del bonus. Indican que se revisará, por control presupuestario, etc. Pero queda claro que el año que viene no se podrá ya solicitar, en base a la baja siniestralidad del año 2019. El incentivo ha durado, por tanto, solo 2 años.

Es lamentable que toda la política de prevención de riesgos se base exclusivamente en el miedo a las sanciones, y a la exigencia de responsabilidades penales. Está totalmente demostrado por los expertos que este tipo de políticas jamás cambia la mentalidad de nadie, así que el Gobierno nuevamente demuestra su nula intención de convencer a los empresarios de que la prevención de riesgos es por su interés. Empezando por el interés económico, que es el primer concepto por el que se capta la atención de la mayoría de empresarios. Es inconcebible que, para el seguro de cobertura de accidentes de trabajo, paguen lo mismo una empresa con alta siniestralidad, que hace dejadez de la prevención de riesgos, que una empresa que no tiene ni un accidente y realiza correctamente la prevención. Es un caso inaudito en cualquier concepto de aseguramiento.

Y por qué no hablar del interés del propio Estado. Justo en un momento en que el gasto de la Seguridad Social está en máximos históricos por el pago de las bajas por incapacidad temporal, se eliminan los incentivos. Que suponían un importe ridículo, en comparación al gasto que provocan los accidentes.

No invertir en la prevención de riesgos le saldrá muy caro al país. Lo dicho, una verdadera lástima.